El reciente gobierno centrista de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, anunció que respetará todos los contratos existentes en sectores estratégicos como litio, hidrocarburos, gas natural y suministros energéticos, como una forma de recuperar la confianza de inversionistas internacionales tras años de inestabilidad política y económica.
El ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, manifestó que la decisión incluye acuerdos firmados por administraciones anteriores, aun cuando el Gobierno actual no esté de acuerdo con la forma en que fueron adjudicados, e incluso si están vinculados con empresas de China y Rusia.
“Queremos transmitir la imagen de que en Bolivia se respetan los contratos”, subrayó el ministro, resaltando que esa previsibilidad jurídica es esencial para reactivar inversión privada en sectores clave.
¿Por qué es importante este anuncio?
- Bolivia posee grandes reservas de litio y gas natural, con potencial para convertirse en un actor central en el mercado energético y tecnológico global.
- Sin embargo, la producción ha sido baja tras dos décadas de control estatal estricto, lo que redujo el interés de compañías extranjeras por falta de certeza legal.
- La nueva postura busca romper con la percepción de riesgo político y legal, abriendo la puerta a capitales y tecnología extranjera.
- El Gobierno planea introducir nuevas leyes de hidrocarburos y litio durante 2026 con reglas más flexibles en impuestos y participación.
Reformas y próximos pasos
Se prevé que una nueva ley de hidrocarburos y otra del litio sean presentadas en la primera mitad de 2026 para modernizar el sector y atraer capital privado.
El Estado mantendrá su rol a través de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), pero con un papel más balanceado frente al sector privado.
Se planea lanzar nuevas rondas de licitaciones de exploración de petróleo y gas en 2027, siempre que el Legislativo apruebe las reformas propuestas.
En diciembre de 2025 se eliminaron algunos subsidios a los combustibles para estabilizar las finanzas públicas, medida que generó protestas pero que el Gobierno considera necesaria.
